GUASO PIDEN 8 AÑOS DE CARCEL PRO CONSTRUIR DE FORMA ILEGAL

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17 de Enero de 2008 Piden ocho años para tres personas por construir de forma presuntamente ilegal HUESCA.- El fiscal solicitará penas que suman 8 años de prisión a tres personas que serán juzgadas el próximo 10 de marzo en Huesca por construir de forma presuntamente ilegal tres viviendas en el núcleo pirenaico de Guaso, término de Aínsa. En su escrito provisional de acusación, el fiscal sostiene que en noviembre de 1995, Pedro Miguel B.R., arquitecto, solicitó al Ayuntamiento de Aínsa permiso para reparcelar tres fincas, una rústica de 15.000 metros cuadrados, en Guaso. En abril de 1996, inscribió en el registro de propiedad de Boltaña las tres fincas sin disponer de la pertinente licencia municipal ni atender una disposición de las normas subsidiarias de la provincia de Huesca, que prohibe dividir una finca rústica para fines urbanísticos. Un día después de registrar las tres parcelas, el acusado vendió una de ellas a un matrimonio, que solicitó al Ayuntamiento de Aínsa, y obtuvo poco después licencia para construir una vivienda unifamiliar bajo la dirección del encausado. En octubre de 2004, el matrimonio vendió la finca y las obras sin terminar a José Antonio M.P. y José Antonio P.Ll., quienes bajo la dirección técnica del otro acusado reanudaron los trabajos de construcción sin obtener la transmisión de la licencia original ni ajustarse al primer proyecto. Las sucesivas visitas de inspección realizadas por el arquitecto municipal de Aínsa a la zona le permitieron comprobar que se estaban realizando obras en una parcela inferior a 10.000 metros cuadrados, superficie mínima exigida por la Ley Urbanística de Aragón. En otro informe, el técnico municipal advertía que las distancias entre dos de las tres obras en construcción que llevaban a cabo los acusados en las parcelas resultantes tenían una distancia inferior a los 100 metros, formando así un “núcleo de población” no autorizado. Según el fiscal, los dos acusados que adquirieron las obras en construcción desoyeron repetidamente los requerimientos municipales para detener las obras, y actuaron “con el propósito común de desobedecer a la autoridad”. Las tres viviendas en construcción compartían, además, únicas acometidas de agua potable, suministro eléctrico y accesos, contraviniendo así, según la acusación, las normas subsidiarias de la provincia oscense. El fiscal tipifica los hechos como un presunto delito contra la ordenación del territorio y solicita para cada uno de los tres acusados penas de 2 años de prisión y multas próximas a los 8.000 euros. Para los dos acusados que se negaron a cumplir con los requerimientos municipales para detener las obras, la acusación pide sendas penas de un año de prisión por otro presunto delito de desobediencia grave a la autoridad. EFE