Laspuña. Una serie de modificaciones realizadas en una de las calles de una urbanización de Laspuña han llevado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a anular la validez del estudio de detalle y sus posteriores actuaciones, por lo que deja en situación irregular 67 viviendas construidas en 2004. La alcaldía reitera que se hizo en beneficio de los habitantes. Los cambios respecto al proyecto inicial son la supresión de una calle por la que podían transitar los coches, reduciendo la anchura de ésta y convirtiéndola en peatonal. Según la sentencia, también se elimina una zona verde pública incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "En conjunto, se ha ganado en espacio público porque creamos el mirador al cañón de Añisclo. De otra manera sólo los propietarios podrían pasear por él", explica el alcalde, Antonio Belzuz. Las variaciones tuvieron el respaldo unánime del pleno de Laspuña y de los técnicos municipales, incluido el secretario y el arquitecto, así como de la constructora. El problema llegó cuando el Ayuntamiento, basándose en las decisiones de los técnicos, no tramitó en ese momento la modificación previa correspondiente del PGOU. "El arquitecto estaba convencido de que el estudio de detalle se podía aprobar y el secretario en ese momento no dijo lo contrario", manifestó Antonio Belzuz. "Nadie nos dijo que era conveniente modificar el plan. En ese momento nos hubiera dado igual porque era en beneficio de los habitantes". El alcalde está tranquilo respecto a una solución y recalca que los cambios no respondían a ningún interés económico. "Queremos dejar claro que estas actuaciones no beneficiaron al constructor", afirmó. De hecho, el PGOU permitía 66 viviendas y el estudio de detalle marcó las 58 viviendas que se levantaron. Las casas que conforman la actual urbanización son 67 porque el constructor compró un terreno de la unidad de ejecución anexa y la urbanizó al mismo tiempo. Estas áreas en las que se divide el suelo edificable se sitúan a la izquierda de la carretera que sube hacia Ceresa. El primer edil destacó la transparencia con la que se ha llevado el caso desde la decisión del TSJA el pasado mes de agosto. "Se presentó en el pleno de septiembre y se publicó en la revista que edita el municipio para el conocimiento de todos los vecinos", comentó Belzuz. La documentación llegó a los tribunales a iniciativa del ex secretario del Ayuntamiento, Enrique Naya, quien "por circunstancias no terminó bien con el Ayuntamiento" y recurrió a los tribunales el estudio de detalle. Dos años después, el TSJA le ha dado la razón puesto que los cambios exigían la previa modificación del PGOU. "En el momento de firmar el acta, el secretario no dijo nada", aseguró el alcalde, quien añade que "el arquitecto sigue convencido de que el estudio previo cumplía la legalidad porque los cambios no afectaban al número de viviendas". El alcalde no está preocupado por los vecinos porque "se está trabajando en normalizar la situación y, aunque los trámites son lentos, se modificará el Plan". Los residentes carecen hasta el momento de licencia de primera ocupación porque todavía no existe la certificación del arquitecto de que la obra es conforme al proyecto. "La constructora deberá subsanar las modificaciones exigidas", explicó el alcalde de Laspuña. Mamen Pardina | 
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